La política: Un camino difícil hacia la verdad
La política ha sido, desde tiempos remotos, la herramienta con la que la sociedad cuenta para transformar el poder en beneficio de todas las personas. Sin embargo, este proceso no puede sostenerse sobre el silencio impuesto por el miedo. La libertad de expresión, entendida como un derecho individual, es la base que permite que la política cumpla su función transformadora. Según organismos internacionales de defensa de la libertad de expresión, este derecho está formalmente garantizado; no obstante, en la práctica se convierte en un riesgo, porque quienes ejercen el poder dentro de la sociedad temen a quien se atreve a decir la verdad.
La relación entre política y libertad de expresión no es nueva. A lo largo de la historia, los sistemas democráticos han reconocido que la participación ciudadana y la crítica al poder constituyen las bases fundamentales de cualquier sociedad justa. Como señala Barredo Ibáñez (2023), el periodismo de investigación funciona como un cuarto poder que empuja a los sistemas políticos a rendir cuentas dentro de un marco de libertad de expresión. Esta función no es decorativa: sin mecanismos de vigilancia ciudadana, el poder tiende a expandirse sin límites y a operar sin control. Esto indica que la política no puede existir —ni mucho menos sostenerse como legítima— sin voces que la cuestionen y la vigilen constantemente.
Sin embargo, ejercer ese derecho tiene un costo real. En América Latina, numerosos periodistas, activistas y ciudadanos han sido silenciados, amenazados o incluso asesinados por atreverse a criticar el poder. Defensores Humanos (2024) afirma que los periodistas tienen la capacidad de desafiar las injusticias y dar voz a los sectores marginados, contribuyendo así a la defensa de los derechos humanos a escala global. No obstante, esta labor sigue siendo profundamente peligrosa, lo que revela una contradicción central en nuestras sociedades: se proclama la libertad de expresión como un valor democrático, pero en la práctica se persigue, criminaliza o estigmatiza a quienes la ejercen con responsabilidad.
Esta persecución no ocurre por accidente ni de manera aislada. Nace de estructuras de poder que buscan protegerse a sí mismas eliminando o intimidando a las voces que las delatan. Al respecto, Open Government Partnership (2025) plantea que los Estados deben eliminar las sanciones que silencian a periodistas y activistas, y construir entornos donde los medios independientes puedan operar con libertad y sin represalias. El hecho de que organismos internacionales deban exigir explícitamente este tipo de garantías demuestra que el problema no es individual, sino estructural: el miedo a decir la verdad no nace espontáneamente en la ciudadanía, sino que es producido, de manera deliberada, por quienes detentan el poder de castigarla.
La política puede ser una vía real de cambio, pero únicamente cuando existe un entorno donde la verdad puede expresarse sin miedo a represalias. La historia demuestra, una y otra vez, que las sociedades que silencian a quienes hablan con honestidad terminan estancadas, incapaces de corregir sus propios errores. Decir la verdad no es un acto de rebeldía: es, ante todo, un acto de responsabilidad ciudadana (Barredo Ibáñez, 2023). Queda entonces una pregunta abierta, incómoda pero necesaria: ¿cuánto más estamos dispuestos a callar?
Elaborado por: Lizeth Florelia Moreno Castellanos 11-1
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